ASPE tacha la medida de "interesante", aunque con 'peros': reclama tener en cuenta la escasez de personal sanitario

En la sanidad privada gusta la semana laboral de 32 horas 'a la valenciana'
Carlos Rus, presidente de ASPE.


26 sep 2022. 19.00H
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La sanidad privada mira con optimismo la posibilidad de implantar en sus centros la jornada laboral de 32 horas, es decir, de cuatro días. El sector compra el modelo que ha puesto en marcha en forma de piloto la Comunidad Valenciana y da su visto bueno a que sus empresas se adhieran, pues lo ve como un aliciente para trabajar en la privada. Si bien pone 'peros', ya que reclama que esta medida sea ponderada también desde el punto de vista de la escasez de profesionales.

Desde la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) destacan a Redacción Médica que la opción de implantar el modelo valenciano es de “interés”, ya que impulsa la “motivación” de los profesionales. No obstante, advierten que esta medida debe ser “valorada desde todos los prismas” ante la escasez de profesionales sanitarios que atraviesa actualmente España.

La Comunidad Valenciana ha aprobado un proyecto piloto para que todas las empresas que así lo deseen implanten un modelo de 32 horas laborales a cambio de una retribución económica y ayudas. Según el documento publicado por la Generalitat en su Diario Oficial, cada empresa que implemente esta medida recibirá 9.611 euros repartidos en tres años de forma decreciente: 5.492 euros el primero, 2.746 euros el segundo y 1.373 el tercero.

Pero para poder recibir la subvención, la reducción de la jornada tendrá que afectar a un mínimo de la plantilla. En el caso de empresas de hasta 49 trabajadores, obligatoriamente el 30 por ciento de la plantilla deberá verse afectada por la reducción horaria. Un porcentaje que descenderá hasta el 20 por ciento en empresas de 50 o más empleados.

Se trata del primer proyecto que se pone en marcha, pero no es el único, ya que a nivel nacional también hay una normativa para ello que actualmente está en fase de consulta pública. Precisamente, el pasado mes de junio el Ministerio de Industria abrió el plazo de alegaciones. La idea, promovida por Más País, plantea reducir la jornada de los trabajadores a cuatro días sin que ésta suponga una pérdida de poder adquisitivo.

Una iniciativa que la sanidad privada ve con buenos ojos. “Desde ASPE consideramos que es de interés impulsar medidas que puedan aumentar la motivación de nuestros empleados”, han trasladado fuentes de la organización en declaraciones a este medio. “Sabemos que una adecuada motivación del personal repercute directa e indirectamente en la satisfacción del paciente y en la calidad del servicio prestado”, han añadido.

Con todo, han avisado de que “hay que ser consciente de que la carencia de enfermeros y médicos en algunos casos ha llevado a nuestros hospitales al cierre de plantas y servicios” y, por ello, han destacado la importancia de que cualquier decisión que afecte a los profesionales se valore primero desde todos los enfoques posibles. 


La jornada reducida, un "atractivo" de la sanidad privada


Carlos Rus, presidente de ASPE, señaló el pasado mes de junio en una entrevista con este medio que la falta de personal en la sanidad privada no es una cuestión económica, “sino de oferta y demanda que no se cubre”. En este sentido, detalló que la pandemia del Covid-19 ha jugado un papel en esta falta de plantilla, pues “gran parte del personal contratado se quedó en el ámbito público para no perder la oportunidad de sumar puntos”.

Así, reconocía que una de las “batallas” de la sanidad privada es que la experiencia en el sector privado no cuenta a la hora de conseguir una plaza. De este modo, ha quedado abierta la posibilidad de que aplicar esta jornada reducida pueda convertirse en un atractivo para los sanitarios pero siempre teniendo presente la falta de profesionales.

ASPE ha insistido en que “hay que tener en cuenta que la sanidad se ve aquejada por una gran carencia de profesionales, una crisis real de escasez de sanitarios, y que cualquier decisión de este tipo debe ser ponderada adecuadamente para valorar cómo puede afectar a la continuidad asistencial y a la calidad del servicio prestado”.
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